El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, compareció esta mañana en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos para abordar el informe de fiscalización financiera y de cumplimiento del Ayuntamiento de Avilés, ejercicio 2022. Antes de entrar al fondo del asunto, el síndico mayor aprovechó para recordar a los diputados y diputadas de la Junta General del Principado de Asturias que los informes relacionados con el sector público local absorben un tercio del trabajo de la Sindicatura de Cuentas. Entre ellos están los informes recurrentes anuales sobre rendición de cuentas, remisión de información contractual y envío de información sobre deficiencias de control interno; los informes sobre contratación; sobre ayuntamientos con deficiente rendición de cuentas u otros de temas transversales de interés y actualidad, relacionados, por ejemplo, con gestión ambiental, administración electrónica, primas y premios de jubilación, saldos de dudoso cobro o reconocimientos extrajudiciales de crédito. “En el Programa Anual de Fiscalizaciones para 2026 la Sindicatura de Cuentas ha programado el informe recurrente anual e informes específicos sobre Oviedo, Lena y Teverga, la nueva tasa de gestión de residuos o la atención a personas sin hogar”, abundó Fernández Llera.
Ámbito subjetivo
Ya sobre el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Avilés, el síndico mayor explicó que fue aprobado el pasado octubre sin que se presentaran alegaciones. El ámbito subjetivo del informe está constituido por el Ayuntamiento de Avilés, excluyendo sus entidades dependientes (dos organismos autónomos, cuatro sociedades mercantiles, dos consorcios y una fundación). “No obstante, sí ha sido objeto de fiscalización la obligación de presentar la cuenta anual consolidada y su proceso de formación. Sobre esto, las cuentas anuales consolidadas rendidas comprenden la totalidad de los documentos exigidos y se presentan conformes a normativa”, comentó.
Objetivos
Los dos grandes objetivos del trabajo fueron la realización de una auditoría financiera, limitada a las áreas de inmovilizado no financiero y endeudamiento financiero, y una fiscalización de cumplimiento. En la auditoría financiera se da una opinión con salvedades; en la fiscalización de cumplimiento, el informe incluye varias conclusiones en materia de personal, de subvenciones y de contratación. Adicionalmente, en la fiscalización se pusieron de manifiesto algunas debilidades de control interno e incidencias relacionadas con proyectos con financiación afectada, con personal y con subvenciones.
Recomendaciones
Fernández Llera explicó que el informe incluye nueve recomendaciones. “En síntesis, se centran en reforzar el control interno y se propone mejorar la gestión del patrimonio municipal y de las inversiones, asegurando registros actualizados, depuración de bienes cedidos y un análisis más riguroso de los factores que limitan la ejecución inversora”, apuntó Fernández Llera. También se pide “ordenar la documentación del personal y ampliar el control financiero posterior de las subvenciones, aplicando un análisis de riesgos más preciso para detectar expedientes con mayor probabilidad de incorrecciones”.
En el informe también se recomienda “normalizar la tramitación de contratos menores para evitar fraccionamientos indebidos, ajustar la duración de los contratos de mantenimiento informático a la vida útil del bien cuando exista exclusividad técnica, limitar la externalización que pueda derivar en cesión ilegal de trabajadores, y justificar mejor las razones técnicas que permiten la contratación conjunta de proyecto y obra en contratos mixtos”.
