El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, compareció ayer en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos de la Junta General del Principado de Asturias para abordar el informe de fiscalización operativa y de cumplimiento sobre el programa presupuestario de educación especial y necesidades educativas específicas (422E), ejercicios 2019-2022. El trabajo trata de responder a dos preguntas de auditoría:
- ¿Existe en el Principado de Asturias una estructura de gobernanza que dote de estabilidad y homogeneidad a la atención a la diversidad educativa?
- ¿Se adapta la respuesta educativa de la administración autonómica a las necesidades específicas de apoyo educativo al alumnado?
Además, se fijó un objetivo específico de cumplimiento normativo sobre el nivel de adecuación a la legalidad del procedimiento de escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Metodología
Fernández Llera explicó la metodología para efectuar este informe. Así, a fin de conocer el nivel de información e involucración de las familias, los recursos materiales y personales y otra serie de cuestiones, se remitió circularización a los servicios especializados de orientación de los centros educativos a través de cuestionarios, tanto a los centros docentes educativos ordinarios como a todos los centros de educación especial. La información recibida se completó con visitas y entrevistas personales. Además, “se mantuvo una interlocución muy fluida con el Equipo Regional de Orientación”. “En este punto, la Sindicatura de Cuentas destaca como una fortaleza de la estructura funcional actual su puesta en marcha en el curso 2015-2016”, abundó. Los datos numéricos utilizados han sido facilitados por la Consejería de Educación, extraídos mayoritariamente del Sistema para la Administración Unificada de Centros Educativos (Sauce).
“Como novedad, y para que el trabajo de la Sindicatura de Cuentas sea aún más útil, hemos subido en abierto a nuestra página web los indicadores con los datos más representativos obtenidos durante los trabajos de fiscalización, muchos de ellos construidos ex novo, para que cualquier persona interesada pueda consultarlos y utilizarlos. Como siempre, nuestra vocación es de servicio público”, recalcó.
Conclusiones
La Sindicatura de Cuentas llega a dos conclusiones generales. La primera, que la estructura de gobernanza creada en el Principado de Asturias para la atención a la diversidad incluye un conjunto de normas, estructuras, procesos y procedimientos que, aunque conformes a derecho, disponen de margen de mejora en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La segunda conclusión general es que la respuesta educativa propuesta por la Administración del Principado de Asturias a cada necesidad existente es, con carácter general, adecuada a la naturaleza de la necesidad educativa identificada. Sin embargo, el incremento observado en el alumnado con necesidades educativas especiales durante el periodo fiscalizado no tuvo una respuesta suficientemente proporcional en el incremento de personal docente especializado destinado a su atención. De mantenerse esta tendencia en el largo plazo, podría llegar a incidir negativamente en el índice de inclusión del Principado de Asturias, el cual se sitúa, en el periodo fiscalizado, entre los mejores de todo el territorio nacional.
Alegaciones
El síndico mayor incidió en el apartado de las alegaciones. “Como en todos los informes de la Sindicatura de Cuentas, sean de la modalidad que sean, en este también se han examinado y valorado con detalle y máximo rigor. Están publicadas a disposición de todo el mundo en nuestra página web. El texto inicial no se ha alterado, en la mayor parte de los casos por entender que son explicaciones que confirman la situación descrita en el informe, incluso señalando avances y actuaciones que se están poniendo en marcha, pero que no pueden modificar el informe provisional porque se sitúan fuera de su ámbito temporal”, explicó.
No obstante, advirtió de que el informe “fue ampliamente debatido con el fiscalizado en todas sus fases”. “Aún más, al final del trabajo de campo, el pasado mes de junio, el borrador fue presentado por el equipo fiscalizador a la Consejería de Educación, en una productiva reunión. Considero que no solo es una buena praxis auditora, prevista en las normas técnicas, sino que tengo la convicción de que estos intercambios son siempre útiles porque redundan en mayor calidad de la fiscalización”.
Cifras clave
Fernández Llera, durante su intervención, también aportó algunas de las cifras clave:
- El 13% del alumnado escolarizado presenta algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo (16.000 alumnas y alumnos). La casuística “es inmensa”.
- El 90% del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en centros de educación ordinaria.
- El 76% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo está escolarizado en centros públicos.
- El gasto por alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo asciende a 4.118 euros en los centros públicos, excluido el efecto extraordinario de la COVID-19. “No hemos podido calcular el dato homólogo en el caso de los colegios concertados, por la forma de articular su financiación a través de transferencias corrientes a los propios centros”, abundó.
- El 78% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo consigue finalizar con éxito la etapa de la ESO.
Recomendaciones
El síndico mayor, además, enumeró las recomendaciones que se formulan en el informe:
- Reorganizar y, en su caso, incrementar la plantilla de orientadores y establecer su dotación en función del número de alumnos de los centros. Señalo que en el periodo fiscalizado se aprecia un refuerzo en la dotación de personal orientador, lo que se considera una buena práctica, por producirse en un contexto de caída de la población escolar.
- Fortalecer el Equipo Regional de Orientación hacia un apoyo especializado y coordinador que potencie los recursos ordinarios, pero sin suplantar la autonomía de los centros.
- Realizar y acreditar el seguimiento de la respuesta educativa propuesta en cada caso, especialmente en la transición entre ciclos, etapas y/o modalidades educativas.
- Realizar un estudio sobre las condiciones de los centros que forman parte de la red pública, para tener un exacto conocimiento de las necesidades de obras o inversiones que garanticen su accesibilidad, priorizando las más urgentes.
- Poner en marcha de un plan para el alumnado con trastorno del espectro autista, ante su significativo incremento.
- Fomentar los programas de aulas abiertas, reconsiderando los criterios para su apertura y dotación, tanto de alumnos como de recursos, y orientándolos a maximizar su eficacia.
Reflexión
Fernández Llera concluyó su intervención con una reflexión. “El inmenso trabajo que la Sindicatura de Cuentas ha realizado ha sido posible porque la respuesta de los fiscalizados ha sido muy alta y el grado de colaboración máximo. De manera explícita, agradecemos en el informe la colaboración prestada por el personal de la Consejería de Educación y, en especial, de las dos direcciones generales más implicadas y del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria. También del personal de orientación y dirección de los centros educativos públicos y concertados a los que se les ha solicitado información”, finalizó.
