El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, compareció esta mañana en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de la Junta General del Principado de Asturias para explicar el informe sobre la fiscalización de la promoción y gestión de vivienda protegida en el Principado de Asturias, ejercicios 2023 y 2024. Comenzó su intervención recordando que el informe trae causa del artículo 47 de la Constitución y el derecho de todos los españoles “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, así como el mandato a los poderes públicos para promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Metodología del informe
Antes de entrar en las conclusiones del informe, Fernández Llera quiso explicar su gestación y la metodología de la fiscalización. En ese sentido, comentó que parte de la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Poco después, en noviembre de ese mismo año, la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos acordó señalar de “interés prioritario” la actuación fiscalizadora sobre vivienda protegida. A su vez, la Sindicatura de Cuentas lo incluyó en su propio programa anual de fiscalizaciones el 14 de diciembre de 2023. “Tras el trabajo de campo, el informe provisional fue examinado el 23 de junio de 2026 y definitivamente aprobado el 29 de julio”.
El síndico mayor, sobre la metodología, explicó que el ámbito subjetivo de la fiscalización son las unidades del sector público autonómico competentes en materia de vivienda, básicamente, la dirección general del ramo y la empresa pública Vipasa. “No hemos fiscalizado aquí la política de vivienda o suelo de las entidades locales, sin duda, también muy relevante. Los trabajos fiscalizadores se refieren a las actuaciones de promoción y gestión de vivienda protegida durante los ejercicios 2023 y 2024. Se nos puede achacar una excesiva lejanía temporal, pero ese fue el acuerdo a nivel general para facilitar la comparativa en toda España”, afirmó.
Objetivos
Al ser una actuación coordinada, continuó Fernández Llera, los objetivos y subobjetivos también han estado alineados con los establecidos por el Tribunal de Cuentas a nivel general y con el resto de los órganos de control externo autonómicos. Es una fiscalización de cumplimiento y operativa con cuatro preguntas:
- Sobre la relación entre la necesidad de vivienda protegida y la oferta disponible.
- Sobre los procedimientos aplicados para la promoción de vivienda protegida y el cumplimiento de su finalidad.
- Sobre la gestión y control de los registros de solicitantes y de vivienda protegida, su ajuste a la normativa y su eficacia para el cumplimiento de sus fines.
- Sobre los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas.
“Muy importante: la fiscalización ha sido desarrollada con la información obtenida a través de cuestionarios homogéneos girados a todas las comunidades autónomas y elaborados por el Tribunal de Cuentas. Las respuestas quedaron referidas a la situación vigente a 31 de diciembre de 2024. Posteriormente, se complementó la información con otra documentación solicitada por la Sindicatura de Cuentas, para dar validez a los datos del cuestionario y ofrecer respuesta a los objetivos fijados en la fiscalización. La fecha de referencia para la finalización de los trabajos de fiscalización es el 31 de marzo de 2026, con datos más actualizados sobre ejecución del PRTR y de las ayudas a vivienda”, abundó.
Recomendaciones
Una vez realizados todos los trabajos de fiscalización, y a la luz de las conclusiones obtenidas, la Sindicatura de Cuentas formula diez recomendaciones, que el síndico mayor enumeró:
A. En relación con la planificación autonómica e implementación de los programas de promoción cofinanciados.
- Se considera esencial y prioritario elaborar un Plan Autonómico de Vivienda que integre los distintos instrumentos estatales en una estrategia propia, definiendo objetivos claros, indicadores de necesidad y mecanismos de seguimiento y evaluación. Dicho plan debería incorporar una planificación realista y plurianual de recursos y actuaciones, así como reforzar la coordinación con entidades locales, en un marco de lealtad institucional, para orientar la política de vivienda a las necesidades reales.
- Sería recomendable establecer y dotar de transparencia los procedimientos que se llevan a cabo para la selección de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos. De esta forma se podría comprobar si dichas actuaciones han sido el resultado de aplicar criterios objetivos de necesidad y viabilidad y si están alineados con la situación real de necesidades de vivienda.
- Mejorar el sistema de seguimiento específico de hitos y avances de los proyectos cofinanciados con fondos europeos que permitan anticipar desviaciones y mitigar los riesgos de incumplimiento de plazos.
- En el marco de ejecución autonómica del Plan Estatal de Vivienda, se recomienda reforzar los procedimientos de tramitación administrativa, de forma que permitan cumplir los plazos de resolución y mejorar, con ello, la eficacia en la ejecución del programa.
B. En relación con los registros de solicitantes, de viviendas y del parque público.
- Se considera imprescindible que el registro de demandantes autonómico tenga carácter obligatorio para el acceso a todas las viviendas protegidas, con independencia del promotor público o privado.
- Serían recomendables procedimientos de coordinación y cooperación entre el registro de demandantes autonómico y los registros municipales, en ese marco de lealtad institucional, para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en sus intervenciones en esta materia, facilitando el intercambio de información sobre necesidades reales.
- El registro de demandantes debería incorporar variables socioeconómicas que permitan identificar y priorizar a los colectivos con mayor necesidad, así como sustituir o complementar el sistema de sorteo por criterios objetivos de adjudicación, garantizando además la calidad, homogeneidad y actualización de la información.
- Se recomienda crear e implantar un registro integral y sistematizado de viviendas protegidas que permita disponer de un inventario único, actualizado y fiable del parque, facilitando su control, seguimiento y utilización como base para la planificación y la transparencia de la política de vivienda.
- En lo relativo al parque público de vivienda sería recomendable que se promuevan las normas para que se configure como un instrumento de especial relevancia para la planificación y ejecución de las políticas públicas de vivienda.
C. En relación con los procedimientos de adjudicación
- Sería recomendable agilizar y reforzar la utilización del procedimiento ordinario de adjudicación de viviendas, garantizando la publicación regular de convocatorias y reduciendo así el riesgo de incurrir en necesidades sobrevenidas de los beneficiarios que obliguen a recurrir a procedimientos excepcionales.
Acontecimientos posteriores
El síndico mayor cerró su primera intervención, antes de las preguntas de los grupos parlamentarios, señalando algunos acontecimientos posteriores relevantes, producidos después del final del trabajo de campo y que, por ello, no han sido objeto de fiscalización. Ahí están la próxima ley autonómica de vivienda, la declaración de varias zonas de mercado residencial tensionado, y la regulación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, “que incorpora la posibilidad de autorizar, con carácter excepcional, prórrogas de los plazos de ejecución y justificación en determinados programas”.
