El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, compareció esta mañana en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos de la Junta General del Principado de Asturias para abordar el informe de fiscalización sobre las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo y Cámaras Oficiales de Comercio, ejercicio 2022. Aprovechó sus primeras palabras para insistir, una vez más, en la necesidad de una nueva ley de Hacienda que actualice el actual texto refundido de régimen económico y presupuestario. “Entre otros variados aspectos, para delimitar con precisión y transparencia la propia cuenta general del Principado de Asturias y su exacto perímetro. Nos consta en la Sindicatura de Cuentas esta voluntad, manifestada públicamente por el Consejo de Gobierno, cuya formalización se encuentra en su Plan de iniciativas legislativas para la presente legislatura”, abundó.
El ámbito subjetivo del informe está integrado por 46 unidades, entre entes, entidades, fundaciones y empresas públicas, con participación pública autonómica y/o dominio efectivo, directo o indirecto mayoritariamente públicos (40), la Universidad de Oviedo y sus dos fundaciones, así como las tres Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
Objetivos generales
Los objetivos generales fueron verificar el cumplimiento de legalidad en rendición de cuentas y analizar las principales magnitudes presupuestarias, económico-financieras y patrimoniales que resulten de especial relevancia por su incidencia en las cuentas rendidas. “Una precisión técnica. Se ha efectuado una fiscalización de cumplimiento de seguridad razonable sobre la obligación de rendición de cuentas. Y, con relación al análisis de magnitudes, se han extraído conclusiones relevantes para entender la información contenida en las cuentas rendidas, sin que ello implique la emisión de una opinión de auditoría financiera de cada una de las unidades incluidas en el ámbito subjetivo del informe, para lo cual hubiese sido necesario proceder a una fiscalización individualizada de cada una de las unidades del ámbito subjetivo”, afirmó Fernández Llera.
Durante du intervención, enunció algunas de las conclusiones del informe. Entre ellas, el grado de rendición de cuentas en plazo, que fue del 80 por ciento (37 de las 46 entidades). Explicó también que, con carácter general, las memorias de las cuentas anuales rendidas “contienen deficiencias e inexactitudes en la información, lo que no favorece la comprensión de los estados financieros a los que acompañan”. Esta circunstancia se ha constatado principalmente en la Fundación Observatorio Económico del Deporte, la Fundación Asturiana de la Energía, la Fundación Barredo y la empresa Gispasa.
Intervención General
En materia de control interno, no consta que la Intervención General haya realizado auditorías de cumplimiento de los integrantes del sector público sujeto al régimen de contabilidad financiera privada, ni actuaciones relativas a subvenciones nominativas. “Precisamente sobre subvenciones nominativas, la Sindicatura de Cuentas aprobará un informe específico en los próximos meses”, avanzó.
“Sobre auditorías externas, hay que destacar que todas las unidades con obligación legal de auditarse han presentado dichos informes. De su lectura llama la atención que, en ocho casos, los informes contienen algún tipo de referencia al principio de empresa en funcionamiento, bien como incertidumbre material o como párrafo de énfasis. Es significativo el riesgo de continuidad, si no es por el apoyo financiero que reciben del Principado de Asturias”, apuntó también el síndico mayor.
Recomendaciones
El informe, como explicó además Fernández Llera, formula tres recomendaciones:
Del análisis de Gispasa se constata la existencia de indicios de falta de control y actualización del inventario de bienes. Dados los riesgos de incorrección material asociados a esta área, unidos a la actividad de la sociedad que gestiona dos hospitales públicos (HUCA y Mieres) y la representatividad de estos activos sobre el total del sector público autonómico, se considera imprescindible un control exhaustivo sobre el inventario, e identificación y separación clara de los bienes gestionados por Gispasa y por el Sespa.
Para una mejor gestión de los fondos públicos, sería recomendable que la Intervención General reforzase el control sobre las transferencias y subvenciones realizadas por el Principado de Asturias a todas sus entidades dependientes que conforman el sector público autonómico. Complementario a este control, sería conveniente que el órgano gestor, con carácter previo a la determinación de las subvenciones que otorgará en el ejercicio siguiente, revise el destino de las concedidas en el ejercicio anterior para ir ajustando las cantidades concedidas a las necesidades reales de la actividad que se pretende financiar, sin generar excesos de tesorería y evitar riesgos en el reintegro de los fondos.
Considerando el elevado importe de las transferencias y subvenciones que reciben las fundaciones públicas, en muchos casos de carácter genérico para la financiación global de su actividad, se recomienda que los órganos gestores hagan un seguimiento del grado de aplicación a los fines previstos. Para ello, sería necesario que, previamente, se contextualizaran estos fines en una planificación estratégica, de forma que se permita asociar los fondos concedidos a un objetivo concreto que, a su vez, ha de coadyuvar la consecución del interés general de la administración pública de origen.
El síndico mayor concluyó su primera intervención afirmando que la Sindicatura de Cuentas ha constatado un grado de aplicación de las anteriores recomendaciones que alcanza el 76,5%, un 58,8% por aplicación total y un 17,7% por aplicación parcial.
La comparecencia completa se puede ver en el siguiente enlace.
