El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, compareció esta tarde en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos para abordar el informe sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2022. El ámbito subjetivo son 72 entidades, entre las que están la Administración del Principado de Asturias y sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas, y la Universidad de Oviedo.
Al principio de su intervención, destacó que el volumen de contratación comunicada hasta el cierre de los trabajos (10 de mayo de 2023) ascendió a 526 millones de euros para 9.688 contratos. “El 77% de los contratos comunicados son menores, pero suponen poco más del 3% del importe total. Viceversa, los contratos no menores son el 23% en número, pero casi el 97% en importe (508 millones de euros)”, abundó el síndico mayor.
Muestra
“Como se pueden imaginar, ante ese elevado número de contratos y ese volumen de contratación, es preciso seleccionar una muestra y así lo hemos hecho, con parámetros auditores técnicos y sobre un aquilatado análisis de riesgos. La muestra de contratos no menores se ha seleccionado a partir de 2.180 contratos registrados en un formato legible y tratable por medios informáticos. La muestra debía cubrir al menos un 25% del valor estimado de los contratos adjudicados. Debía incluir, al menos, un contrato de cada tipo, para cada tipo de procedimiento y para cada tipo de unidad de contratación. Finalmente, la muestra inicial recogió 18 contratos que suponen un 43% del valor estimado total y un 35% del precio de adjudicación total. El equipo auditor decidió también completar esa muestra inicial con un expediente adicional, obtenido de entre las relaciones anuales de contratos recibidas en formatos que impiden su tratamiento informático”, explicó Roberto Fernández Llera.
Respecto a los contratos menores, se seleccionaron 40 contratos por un importe total de 1.153.030 euros.
“Una obviedad, pero muy relevante. Al tratarse de muestras seleccionadas sobre elementos de riesgo, es obvio que la probabilidad de que aparezcan eventuales incidencias es mayor. Por este mismo motivo, las conclusiones relativas a cada expediente no son inmediatamente extrapolables al conjunto de la contratación, sino que deben ser vistas en sus justos términos y en su exacto contexto”, aseveró el síndico mayor.
Conclusiones y recomendaciones
Fernández Llera explicó que para llegar a las conclusiones que se exponen en el informe, la Sindicatura de Cuentas analizó, respecto a la muestra seleccionada de la contratación no menor, la correcta preparación del contrato, la fase de adjudicación y la fase de ejecución.
El síndico mayor concluyó su primera exposición haciendo un resumen de las recomendaciones contenidas en el informe, “que juzgamos muy sensatas”. Entre ellas está el uso de sistemas de racionalización de la contratación para la totalidad de las unidades que componen el sector público autonómico; un sistema concreto de verificación durante la ejecución del contrato; la selección de procedimientos de contratación que mejor contribuyan a la promoción de la máxima concurrencia o la existencia de una unidad encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad en todo el proceso de contratación en todas las entidades del sector público autonómico.
La comparecencia completa se puede ver en este enlace.
