El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, compareció esta mañana en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos para abordar el informe de fiscalización sobre la cuenta general del Principado de Asturias del ejercicio 2022. Es el principal informe recurrente y obligatorio por mandato legal que realiza el órgano de control externo autonómico y, con éste, ya son 18 los aprobados por la Sindicatura de Cuentas desde su constitución.
Fernández Llera explicó que el informe de la cuenta general de 2022 se sincronizó con los relativos a la contratación del sector público autonómico y a las unidades que no forman parte de la cuenta general, ya abordados en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos, además de con otros informes específicos. A continuación, Fernández Llera sintetizó los principales resultados de un informe “denso y extenso”. Primero, el ámbito subjetivo: la Administración del Principado de Asturias, los organismos autónomos o asimilados (10) y los consorcios adscritos a la comunidad autónoma (Cadasa, Cogersa, CAST y Parque Nacional de los Picos de Europa).
Grandes cifras
Segundo, las grandes cifras de la fiscalización. Así, señaló que, en la Administración del Principado de Asturias, en 2022, las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 5.042 millones de euros y, los derechos reconocidos netos, a 4.971 millones de euros. “El sistema de financiación autonómica sigue siendo, con diferencia, la principal fuente de ingresos de la comunidad autónoma”, comentó. Y añadió: “Igual que en 2021, al módulo de financiación afectada se han incorporado los ingresos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, siendo el grado de ejecución de los proyectos asociados del 25,5 por ciento, según la información facilitada, lo que ha generado importantes desviaciones de financiación positivas en el ejercicio”.
Las consejerías de Salud y de Educación absorbieron un 40,5 y un 15,1 del gasto total liquidado, respectivamente. Y, en el caso de los organismos autónomos y asimilados, el importe agregado de las obligaciones reconocidas netas ascendió a 2.336 millones de euros, de los cuales un 86 por ciento corresponde al Sespa.
Reglas fiscales
El síndico mayor recordó que en 2022 seguían suspendidas las reglas fiscales, al igual que en 2023. “En todo caso, como referencia, la IGAE certificó un déficit del 0,7 por ciento del PIB regional, una variación del gasto computable del 7,8 por ciento y una deuda pública, a 31 de diciembre, de 16,4 por ciento del PIB regional, una de las más bajas de todas las comunidades autónomas”.
Declaración definitiva
La declaración definitiva sobre la cuenta general incluye sendas opiniones con salvedades:
-En la auditoría financiera se concluye que la cuenta general expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2022, así como sus resultados económicos y presupuestarios. Se exceptúan cuatro limitaciones al alcance y tres incorrecciones contables, así como cuatro párrafos de énfasis que no modifican la opinión.
-En la fiscalización de cumplimiento la opinión implica que las actividades, operaciones presupuestarias y financieras, y la información reflejada en la cuenta general del ejercicio 2022 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable. Se señalan ocho incumplimientos legales no generalizados y dos cuestiones que, sin afectar a la opinión, suponen deficiencias de control interno.
Fernández Llera, durante su comparecencia, también citó algunos resultados de carácter reiterado o transversal. “Son incidencias que se repiten y que, en buena medida, traen causa de una confusa delimitación legal de la cuenta general, como viene advirtiendo desde hace años la Sindicatura de Cuentas. Por eso, recomendamos que se elabore y se presente con urgencia a esta Cámara un proyecto de ley de hacienda. Nos consta esta voluntad del Consejo de Gobierno, así como la apreciación de esta Junta General, mediante una resolución aprobada en 2017. Esperamos su pronta concreción”, aseveró.
Recomendaciones
El síndico mayor también explicó que la Sindicatura de Cuentas había realizado un seguimiento de recomendaciones anteriores, 28 provenientes de informes de cuenta general y 21 más de seis informes específicos: contratación centralizada, tasas y precios públicos, control interno de ingresos, avales, contratación extraordinaria de personal en educación, y preparación del PRTR. “La ejecución de las recomendaciones implica una mejora de la gestión de los recursos públicos y una voluntad de avance y colaboración con el control externo. Por ello, se pone en valor el elevado grado de aplicación y se reitera la aplicación de aquellas pendientes de culminar, o la explicación razonada de aquellas que no se comparten”, recalcó.
El informe de la cuenta general de 2022 incluye dos nuevas recomendaciones:
- En el caso de facturas correspondientes a pagos parciales de una misma obligación, sería recomendable que los documentos indicaran el negocio jurídico del que traen origen, para facilitar su identificación y su control.
- Con objeto de que los riesgos derivados de los litigios sean trasladados a la contabilidad de la manera más fiel, sería recomendable la elaboración de un documento actualizado en todo momento con la relación de los procedimientos judiciales susceptibles de derivar en probable responsabilidad que genere un pasivo o un menoscabo para la Administración del Principado de Asturias. La Sindicatura de Cuentas no ignora la dificultad de poner cifras a estas estimaciones, pero sería un buen proceder.
La comparecencia completa se puede ver en este enlace.
