El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, compareció esta tarde en la Comisión de Hacienda y Fondos Europeos de la Junta General del Principado de Asturias para abordar el informe de fiscalización sobre la cuenta general del Principado de Asturias del ejercicio 2023. Es el principal informe recurrente y obligatorio por mandato legal que realiza el órgano de control externo autonómico.
Fernández Llera explicó que este informe va de la mano con los relativos a la contratación del sector público autonómico, que se aprobará este mes; a las subvenciones nominativas, ya remitido a la Junta General, y a las unidades que no forman parte de la cuenta general. A continuación, Fernández Llera sintetizó los principales resultados del informe. Primero, el ámbito subjetivo: la Administración del Principado de Asturias, los organismos autónomos o asimilados (10) y los consorcios adscritos a la comunidad autónoma (Cadasa, Cogersa, CAST y Parque Nacional de los Picos de Europa).
Derechos y obligaciones reconocidas
Los derechos reconocidos en 2023 sumaron 5.707 millones de euros y las obligaciones reconocidas, 5.584 millones de euros. “El sistema de financiación autonómica aportó el 71% de los ingresos totales y sigue siendo, con diferencia, la principal fuente de ingresos de la comunidad autónoma. El corolario es inmediato: Asturias debe afrontar este esencial debate de Estado con lealtad, como en todas las negociaciones anteriores, pero también con la fuerza de sus argumentos y alianzas estratégicas, condensados en la Declaración de Santiago de 2021, suscrita por ocho comunidades autónomas”, aseguró.
Las consejerías de Salud y de Educación absorbieron un 40 % y un 15% del gasto total liquidado, respectivamente.
El síndico mayor recordó que en 2023 las reglas fiscales seguían suspendidas. “Desde 2024 están en vigor las nuevas reglas fiscales europeas, aunque sigue pendiente su adaptación interna a España. A efectos informativos, la IGAE certificó un superávit del Principado de Asturias de 85 millones de euros (0,3% PIB regional); una tasa de variación del gasto computable del 3,7 %; y un ratio de deuda del 14,8 % PIB regional, cerca del 13% que establece la LOEPSF, y uno de los más bajos de todas las comunidades autónomas. Tengamos presente también este dato ante las eventuales quitas o reestructuraciones de deuda autonómica”, abundó.
Declaración definitiva
La declaración definitiva sobre la cuenta general está compuesta por una opinión de auditoría financiera con salvedades y unas conclusiones de cumplimiento:
En la auditoría financiera se concluye que la cuenta general expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2023, así como sus resultados económicos y presupuestarios. Se exceptúan algunas limitaciones al alcance e incorrecciones contables.
En la fiscalización de cumplimiento, el síndico mayor citó algunas de las conclusiones, como que los consorcios adscritos al Principado de Asturias siguen rindiendo sus cuentas según el PGCP adaptado al sector local, lo que no es conforme con la ley de régimen jurídico del sector público. Otra de las conclusiones es que el pago de las prestaciones sociales de dependencia y el salario social se efectúa por el trámite de “pagos a justificar”, sin que tal proceder encuentre acomodo en el TRREPPA.
Fernández Llera también explicó que en el informe consta que la comunidad autónoma se encontró por encima del periodo medio de pago legal de 30 días durante todos los meses de 2023. “La demora en el pago de las facturas da lugar a posibles reclamaciones susceptibles de generar indemnizaciones que se verán incrementadas en proporción al retraso acumulado”, expuso. Por otro lado, avanzó también que la Intervención General no elabora un informe anual evaluando el cumplimiento de la normativa de morosidad.
Recomendaciones
Tras analizar algunas de las cuestiones que no afectan a la opinión y párrafos de énfasis incluidos en la declaración de la cuenta general, el síndico mayor comentó también que se realizó un seguimiento de recomendaciones anteriores. “Una vez más, se pone en valor el elevado grado de aplicación y se reitera la aplicación de aquellas pendientes de culminar, o la explicación razonada de aquellas que no se comparten”, afirmó. El informe de la cuenta general de 2023 incluye tres nuevas recomendaciones:
- La formulación de una cuenta general del Principado de Asturias única y consolidada, incorporando todas las entidades que forman parte del sector público autonómico.
- Adoptar con urgencia las medidas normativas necesarias para dar cobertura jurídica a los consorcios adscritos y que les dote de las herramientas necesarias, como por ejemplo del sistema de información contable Asturcón XXI, al objeto de facilitar la transición y adaptación de estos al régimen económico de aplicación (el autonómico).
- Abordar también con urgencia la concreción de “aquellos otros extremos” (además de la existencia de crédito y la competencia del órgano) a los que se refiere el artículo 19.1 c) del Decreto que regula sobre control interno.
Reflexión
Fernández Llera realizó durante su comparecencia una reflexión “conocida y plasmada otra vez de manera explícita en el informe”. “Varias alegaciones traen causa de reiteradas controversias o discrepancias interpretativas en los últimos años, en buena medida por la falta de claridad y actualización del régimen económico, financiero y presupuestario. En este sentido, la Sindicatura de Cuentas viene recomendando con insistencia que se elabore un proyecto de ley de Hacienda del Principado de Asturias. Esta Junta General ya aprobó una resolución en 2017, y otra más reciente, en junio de 2024, cuya literalidad insta a “actualizar y reformar la normativa en materia económica, financiera y presupuestaria, presentando ante la Junta General, a la mayor brevedad, el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Hacienda””, apuntó el síndico mayor.
