El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, compareció esta tarde en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de la Junta General del Principado de Asturias para explicar el informe de fiscalización sobre la contratación del sector público autonómico, ejercicio 2023.
La fiscalización afectó a las 72 unidades que componen el sector público autonómico (consejerías, organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, otras entidades dependientes, consorcios adscritos y la Universidad de Oviedo). El informe provisional recibió alegaciones de 17 unidades fiscalizadas, “siempre en un tono constructivo, a veces concordante y, lógicamente, discrepante en otras ocasiones”. “Todas las alegaciones fueron examinadas y valoradas de manera exhaustiva y el 45% de ellas modificaron el informe provisional porque se comparte lo indicado. Como siempre, todas están publicadas en la web de la Sindicatura de Cuentas”, comentó Fernández Llera.
Remisión de la información contractual
Con respecto a la obligación de remisión de la información contractual a la Sindicatura de Cuentas, remitieron la relación anual de contratos en plazo 60 unidades (83% del total), un porcentaje que se eleva hasta el 93% en la fecha de referencia del 31 de mayo de 2024. Solo cinco unidades no remitieron la información.
“Quiero destacar que el nivel de cumplimiento de la obligación de remisión de contratos en plazo ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Mejoró en 2023 con respecto a 2022 y les adelanto que volvió a mejorar en 2024. El empeño de la Sindicatura de Cuentas y la colaboración de las entidades fiscalizadas nos han conducido a este buen resultado que ahora debemos consolidar, para seguir optimizando su tratamiento y análisis, ayudados por una herramienta informática de la remisión y fiscalización que implantaremos este año los OCEX y el Tribunal de Cuentas”, apuntó.
Grandes números
A continuación, presentó los grandes números del informe:
El volumen total de contratación comunicada ascendió a 676 millones de euros para 16.166 contratos. El 48% de los contratos comunicados son menores, si bien suponen menos del 3% del importe total. En cambio, los ordinarios y de urgencia son el 51% del total, con casi el 95% del importe agregado.
Por tipos de unidades de contratación, las sociedades mercantiles acumulan más del 58% del total de contratos comunicados, si bien solo el 14% del importe agregado.
Selección de la muestra
Roberto Fernández Llera explicó a los diputados y diputadas presentes en la Comisión cómo se seleccionó la muestra fiscalizada. “Como es normal, cuando hay un número y un volumen tan elevado de expedientes, es preciso seleccionar muestras y así lo hemos hecho, con parámetros técnicos diferenciados para cada tipo de contrato. También, adecuando el alcance a nuestros propios recursos, para acercar lo más posible la fiscalización a la gestión”, abundó.
La muestra de contratos ordinarios y urgentes se seleccionó a juicio de auditor, considerando las variables de grado de cobertura (se seleccionaron todos los expedientes con un valor estimado del contrato de más de 20 millones de euros), la naturaleza jurídica del contratante y la existencia de informes de reparo de la IGPA. Finalmente, fueron 13 expedientes de 8 entidades, que representan un 33% del valor estimado del total comunicado.
El segundo bloque fue el relativo a la contratación de emergencia. En 2023 se tramitaron 113 contratos y se han analizado todos ellos, aunque finalmente fueron fiscalizados 110 (excluidos 3 de Cadasa porque eran encargos o no se llegaron a formalizar). De las 72 unidades fiscalizadas, 12 acudieron a esta tramitación de emergencia, aunque más de la mitad de ellos fueron en dos organismos autónomos, el ERA y el Servicio de Emergencia.
La muestra de contratos menores se seleccionó a partir de elementos de riesgos, como los de valor estimado superior a los límites de la ley de contratos, los potencialmente susceptibles de incumplir la duración máxima de un año y la imposibilidad de prórroga, y los tramitados y adjudicados por separado cuando aparezcan indicios de que su objeto pudiera ser susceptible de constituir una unidad funcional y su importe acumulado supere los límites previstos en la ley de contratos. Sobre estos criterios de riesgo, se seleccionaron 40 expedientes, de 12 entidades, que representan un 0,53% del total de contratos menores comunicados y el 4% del valor estimado del total.
Conclusiones
Tras estas apreciaciones, el síndico mayor destacó tres conclusiones generales:
Sobre contratación ordinaria y urgente, “destacamos una vez más la importancia de una correcta preparación del contrato y de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, sobre la base de una planificación anual y plurianual de la contratación”. “De igual modo, resulta crucial el control durante la fase de ejecución del contrato, incluyendo las eventuales prórrogas o la subcontratación. En general, las unidades que cuentan con servicios especializados (sobre todo consejerías) realizan una contratación más acorte a la legalidad y a los demás principios de buena gestión”, dijo.
Sobre tramitación de emergencia, se comprobó que la justificación es adecuada en el 40% de los expedientes analizados. “En el resto no se motiva de manera clara e inequívoca la concurrencia de los requisitos para acudir a la tramitación de emergencia, ni tampoco la imposibilidad de seguir otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia. Esta incidencia se ha constatado especialmente en ERA y Servicio de Emergencias”, explicó.
“Sobre contratos menores, les vuelvo a recordar que, al tratarse de una muestra seleccionada sobre elementos de riesgo, la probabilidad de que aparezcan eventuales incidencias es mayor. Por la misma razón, las conclusiones no son extrapolables al conjunto de la contratación menor, sino que deben ser vistas en sus exactos términos”, aclaró. Así, la Sindicatura de Cuentas constató que el 80% de los expedientes analizados tiene por objeto servicios y suministros ordinarios, necesarios para la cobertura de necesidades periódicas o recurrentes que, de haberse realizado una adecuada planificación de la actividad contractual, deberían haberse adjudicado mediante procedimientos de contratación respetuosos con los principios básicos de la ley de contratos.
Seguimiento de contratos
Fernández Llera explicó que en el informe también se realizó un seguimiento de contratos con incidencias en ejercicios anteriores. En concreto, fueron dos de obras: las del muelle de Luanco y la del Hospital de Cabueñes.
Recomendaciones
Durante su intervención, el síndico mayor expuso las nuevas recomendaciones del informe relacionadas con la contratación:
- La realización del seguimiento y la evaluación de la planificación en materia de contratación abordada en el ejercicio precedente, lo que facilitará una planificación más efectiva en ejercicios posteriores, además de ser una práctica favorecedora de la rendición de cuentas y de la transparencia.
- La comunicación de la contratación de emergencia, tanto al Consejo de Gobierno como a la IGPA, de cara al ejercicio de las funciones de control que la normativa asigna a ambos organismos. Dicha práctica ha sido verificada en el 87% y 65%, respectivamente, de los contratos de emergencia analizados.
